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El arbitraje, ¿para qué sirve?

La Justicia española no se caracteriza por la velocidad en la resolución de los conflictos. Pese a la agilidad impulsada en los últimos años, todavía hay mucho camino para la mejora.

 
Mucho se ha mejorado desde 1996, puesto que se han acortado a la mitad los trámites. Entonces, la duración media de un proceso civil ordinario en España era de seis años y sólo la mitad de las sentencias se llegaba a ejecutar, según se reflejaba en un informe realizado por el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo. En aquel entorno resulta fácil comprender el nacimiento en España de las primeras iniciativas privadas de arbitraje como resolución extrajudicial de conflictos. En pocas palabras, el arbitraje consiste en un sistema privado para solucionar disputas, tanto de empresas como de particulares, en el que las partes interesadas se someten voluntariamente a la tutela de un tercero de su confianza, el árbitro. Este profesional del derecho tiene una doble función: escuchar a las partes y resolver definitivamente las diferencias.
 
La Ley de Arbitraje
Al no tratarse de un juez, el árbitro no realiza sentencias, sino laudos, concepto que jurídicamente viene a ser lo mismo. La Ley de Arbitraje concede al laudo del árbitro el rango de sentencia judicial firme, de forma que el arbitro puede intervenir en todo tipo de litigios, excepto en los que se requiere la participación del Ministerio fiscal. Según refleja una sentencia del Tribunal Constitucional, con fecha de octubre de 1993, las partes pueden obtener en un arbitraje los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada. Lo anterior viene a significar que el camino al que conduce el arbitraje equivale a acudir directamente al Tribunal Supremo, sin perder tiempo en recursos y otras instancias intermedias. Para que un laudo resulte válido, la Ley de Arbitraje exige que ambas partes pacten el arbitraje con anterioridad previa y libremente, así como se comprometan a acatar la decisión del árbitro.
 
Además de dinero (los trámites jurídicos se reducen a la mínima expresión), el arbitraje representa un importante ahorro de tiempo. La resolución de un arbitraje puede demorarse algunos meses, frente a los años que requiere cualquier proceso en manos de la justicia ordinaria. Según los datos del referido informe del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo, la duración del proceso civil en la primera instancia suele ser inferior al año, mientras que los recursos de apelación en audiencias perdura unos dos años y el de casación casi tres años, todo lo cual sumado asciende a seis años de demora.
 
Cada vez más utilizado
Las empresas se han percatado al instante de las ventajas del arbitraje, tanto en tiempo dinero y eficacia, de forma que las patronales recomiendan a sus asociados la inclusión de cláusulas de arbitraje en los contratos. Los representantes de las cámaras de comercio, por ejemplo, propusieron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la creación de tribunales y jueces de primera instancia especializados en arbitraje, para evitar la intervención de distintos juzgados en un mismo caso. En la actualidad existen determinados trámites del arbitraje que están sometidos a asistencia jurídica, como la sustitución de árbitros cuando las partes no están de acuerdo en su designación, la práctica de pruebas, la solicitud de medidas cautelares o la presentación de recursos contra el laudo. De este modo, en un mismo arbitraje pueden intervenir hasta tres juzgados diferentes, lo que conlleva a las partes a explicar varias veces los pormenores de un mismo procedimiento, encontrándose con distintos puntos de vista sobre un mismo laudo.
 
Los médicos también abogan por el Tribunal de Arbitraje como vía para resolver sus conflictos profesionales. El objetivo consiste en facilitar un cauce previo y distinto a la vía jurídica que evite la judicialización de los problemas, si bien nunca se cierra esta última posibilidad para quien prefiera la tutela judicial. El Colegio de Médicos de Madrid ya señaló al respecto que el arbitraje es un instrumento de justicia de eficacia contrastada, ya que la elección de los árbitros se realiza en función de sus conocimientos sobre el tema.