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A partir del 1 de enero de 2008, los arrendadores de viviendas podrán desahuciar a los inquilinos que dejen de pagar un mes la renta acordada en concepto de alquiler. Para agilizar el desalojo de los morosos y evitar el colapso en los juzgados, ciudades como Madrid y Barcelona dispondrán de juzgados específicos.

Y es que no es extraño que un propietario tenga que recurrir a la justicia para echar a un inquilino moroso. Desahuciar a un arrendatario precisa de media un periodo de 18 meses y se estima que alrededor de un 1% de los alquileres termina en juicio por impago. A esta situación se le culpa en parte de la escasez de la oferta y de la carestía de los precios.

Con estas medidas se trata de transmitir seguridad jurídica a los propietarios y se satisface una demanda considerada por los dueños de casas arrendadas como imprescindible para fomentar el alquiler. 

Proceso lento
En la mayoría de los casos el inquilino moroso no suele presentarse a la vista ni contestar al requerimiento, por lo que las sentencias casi siempre son favorables para el propietario demandante. Aún así, estos procesos, aparentemente sencillos, resultan en la práctica muy lentos. Por eso el Ministerio de Vivienda está intentando acelerarlos con la puesta en marcha de un plan que beneficiará a más de un millón de jóvenes y familias que vivan de alquiler. 

El desahucio o juicio posesorio hoy puede solicitarse sólo en dos supuestos según la Ley de Enjuiciamiento Civil: el impago de la renta o la expiración del plazo del contrato. Para hacer más rápido el proceso de desahucio será necesario modificar esta norma. Así, se proporcionará la posibilidad de celebrar juicios rápidos para la reclamación de deudas y se reducirá de dos meses a uno el plazo disponible por el inquilino para abonar la deuda desde el requerimiento de pago.

Una de las iniciativas del Gobierno es la creación de 10 nuevos juzgados en los municipios con mayor saturación. De todos modos, mediante la sentencia de un juicio verbal por desahucio el propietario puede lograr que el inquilino abandone la vivienda, pero no que le pague las rentas atrasadas. Para conseguir este propósito, deberá iniciar otro juicio ordinario.

Deducciones fiscales
Para ayudar a los jóvenes a emanciparse será necesario tramitar una nueva ley, concretamente para implantar las deducciones fiscales para los inquilinos, otra de las acciones encaminadas al fomento de los alquileres anunciadas por el Ejecutivo.

Porque los beneficios económicos y las desgravaciones fiscales siguen inclinando la balanza hacia la compra frente al alquiler. El aumento de la demanda y la escasez de viviendas de alquiler han propiciado que en los últimos años la renta mensual casi se igualara a la cuota de las hipotecas. Las nuevas medidas anuncian una desgravación fiscal para los inquilinos que no superen un tope en sus ingresos. Inicialmente parecen estar orientadas sobre todo a los jóvenes y, según las voces más críticas, también quedan lejos de los incentivos económicos y fiscales que se obtienen por la compra. 

La primera parte del plan está destinada a facilitar la emancipación a través de ayudas para el acceso al alquiler. En primer lugar ofrece 210 euros al mes durante cuatro años para personas de entre 22 y 30 años ocupadas o paradas con ingresos máximos de 22.000 euros brutos anuales. Además, incluye el préstamo de 600 euros para la fianza y el coste financiero de un aval de seis meses.

Entre las medidas que presenta el plan gubernamental también las hay dirigidas a incentivar la construcción de viviendas de alquiler, como la aplicación de un IVA del 4% a las viviendas de nueva construcción destinadas al alquiler de renta básica a 25 años. También incrementa los beneficios para las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios que promuevan vivienda protegida en alquiler.